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¿Lucha de clases en las Fuerzas Armadas?

Por: José Obdulio Espejo.-

En la edades antigua, media e incluso moderna –cuando las armas no eran una profesión o carrera como se entienden ahora estos conceptos–, los ascensos y promociones en los ejércitos terrestres, navales y aéreos estaban sujetos al azar, al capricho del gobernante, al hecho de pertenecer a una casta, a tener una posición de privilegio en la nobleza o bien a la realización de una proeza o acto heroico.

Durante las guerras de independencia de América contra las coronas española, inglesa, francesa y holandesa, pulularon los casos de esta naturaleza. 

De ahí que la lucha que se libró entre 1810 y 1819 en la Nueva Granda, hoy Colombia, no constituyó la excepción a esta especie de regla consuetudinaria de bárbaras naciones. 

Los generales, coroneles, mayores, capitanes y sargentos del ejército del Libertador Simón Bolívar, verbo y gracia, podría decirse que obtuvieron los grados de sus charreteras por las circunstancias enumeradas párrafos atrás y que son totalmente ajenas a un perfil de carrera o profesionalización de la carrera de las armas. 

Este desorden y proceder disfuncional en relación con los ascensos y promociones de los cuerpos armados de nuestro país se mantuvo vigente en el período comprendido entre la Constitución de Cúcuta de 1821 y el ocaso de la Guerra de los Mil Dias en 1902, claro está con algunas contadas excepciones. 

Fue Rafael Reyes Prieto, presidente de Colombia entre 1904 y 1909, quien ordenó la casa y colocó la primera piedra en el proceso de modernización de nuestras Fuerzas Militares. Él instituyó la carrera militar tras fundar la Escuela Militar de Cadetes del Ejército con la asesoría de una misión militar chilena.

Este profuso, pero necesario preludio, resulta necesario a la hora de abordar el quid de este escrito, que no es otro que encontrar sentido a dos mensajes puntuales contenidos en igual número de discursos del presidente Gustavo Petro durante las ceremonias de reconocimiento y posesión del nuevo director general de la Policía Nacional, por un lado, y del alto mando de las Fuerzas Militares, por el otro.

Con los característicos matices populistas de su oratoria, Petro dijo en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander que su gobierno contempla que “cualquier patrullero pueda llegar a general por mérito” y “que no sea la condición económica la que le impida hacer su carrera hasta la cúpula”. Estas mismas palabras las repitió en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, pero en el sentido de que cualquier soldado pueda llegar por mérito a comandar cualquiera de las tres Fuerzas Militares, incluido el Comando General.

Estas afirmaciones ligeras y sin un ápice de contexto, desnudan cierto dejo de ignorancia (que quizás podría ser premeditada) del jefe de Estado y de su ministro de Defensa en estos menesteres. 

En este sentido, convendría que ambos –si aún no lo han hecho, si bien no lo creo así– leyeran el artículo 217 de la Constitución Nacional y su desarrollo normativo en el Decreto 1790 de 2000.  

Recordemos que, en su ejercicio de congresista desde 2002, el presidente Petro participó en el estudio de la hoja de vida y posterior aval de los coroneles que, culminados sus estudios superiores castrenses, ascienden a generales en el Ejército y sus equivalentes en las demás fuerzas.

Sus palabras dan la idea errónea de que existe una aristocracia castrense y que los ascensos y promociones son un asunto de palancas y componendas.

Cualquiera que ahonde en el pasado de los más recientes comandantes de la fuerza pública encontrará que todos provienen de hogares de clase media y de padres trabajadores. 

Es más, muchos oficiales son hijos de suboficiales y, hoy en día, hijos de soldados profesionales se han graduado o estudian en las escuelas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía.

Es relativamente cierto que factores económicos limitan la posibilidad de que algunos ciudadanos que profesan la vocación militar –porque esta es una carrera con carácter vocacional como ninguna otra– puedan escoger su lugar y categoría en la estructura piramidal de las instituciones castrenses y policiales de Colombia, bien como oficiales, suboficiales, soldados o uniformados del nivel ejecutivo. 

Pero también es cierto que el salto o paso de una categoría a otra se viene dando cada vez con mayor frecuencia en el conjunto de  unas Fuerzas Armadas que se han ido transformando al compás de los tiempos y que desarrollan procesos de democratización en el ingreso, iniciativa “novedosa” que plantea el jefe de Estado. 

Si Gustavo Petro estuviera al tanto de estos desarrollos y de sus subalternos, como en apariencia ocurrió en el cantón militar de Apiay (Meta) cuando compartió a manteles con soldados en un rancho de tropa, sabría, por ejemplo, que la edecán de la vicepresidenta Francia Márquez –capitán Liliana Palacios de la Policía, de raza negra– ingresó hace 27 años a esta institución como patrullera y estando en filas se tituló como abogada y fue promovida a oficial.

Existen muchos casos como el de la capitán Palacios, eso sí quizá no con la misma frecuencia que se espera, por lo que, a manera de colofón de este escrito, tendré a bien formular dos interrogantes: ¿el presidente Gustavo Petro está realmente interesado en democratizar el sistema de asensos y promociones en la fuerza pública? o bien ¿su propuesta hace parte de una estrategia para fomentar la lucha de clases en el seno de las Fuerzas Armadas y propiciar su implosión con miras a construir un modelo que se ajuste más a su proyecto político y a su ideología? 

Resulta oportuno anotar, además, que en muy contadas fuerzas armadas de los países del planeta donde existan planes, pensum y mallas curriculares de carrera militar, es posible que alguien que ingresa en el escalafón o rango inferior ocupé con el tiempo los más altos cargos de comando y control. La estructura castrense es per se de grados y jerarquías.

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