Por: José Obdulio Espejo Muñoz
El asesinato de un subintendente de la Policía Nacional y el secuestro de otros 78 uniformados de esta institución y de nueve empleados de una petrolera en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, son la prueba fehaciente del paulatino deterioro de la seguridad en Colombia y del débil andamiaje que soporta a ese delirio presidencial llamado paz total.
La asonada que ayer jueves culminó en este episodio de extrema violencia, como quiera que además fue asesinado uno de los manifestantes, refleja per se la ausencia de gobernalidad en aquellas regiones y territorios que el mismo presidente Gustavo Petro Urrego ha rotulado como la «Colombia profunda» y donde se estaría fraguando su proceso de paz ecuménica.
Un mal antecedente si se comprueba la tesis de las autoridades sobre la infiltración de disidencias de las Farc en esta jornada de protesta social.
No es admisible que el Estado ceda el uso del monopolio de la fuerza a organizaciones de corte paramilitar como las guardias campesinas e indígenas y, mucho menos, que se arrodille ante las vías de hecho so pretexto de salvaguardar derechos constitucionales como el de la protesta social.
Presidente, recuerde que por ley usted es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que la omisión en el deber de protección de sus hombres es uno de los pecados capitales de quien ostenta tal dignidad.
Ante estos acontecimientos de gravedad mayúscula -que por si mismos envían un doble mensaje a los colombianos de abandono e impunidad-, el silencio cómplice de Iván Velásquez le haya la razón a las voces que, desde los pasillos del ministerio de Defensa y de los comandos de la fuerza pública, aseguran que el titular de esta cartera odia a los soldados y policías.
Una verdad de Perogrullo que raya con la dejadez y el incumpmiento de sus deberes como funcionrio público y que debería estar en el radar de los órganos de control del Estado.
En consecuencia, los videos que se hicieron virales vía WhatsApp y redes sociales desde Los Pozos dan lugar a preguntas irresolutas.
¿La fuerza pública está atada de manos en el afán de lograr la paz total?
¿Los comandantes militares y el director general de la Policía han recibido directrices del MinDefensa para no actuar en casos como este?
¿Por qué el ministro Velásquez envió a una funcionaria de bajo nivel para atender la situación?
Ojalá la indolencia del ejecutivo no permee a las ramas legislativa y judicial. La Fiscalía, verbo y gracia, debería investigar de oficio la muerte violenta del subintendente Monroy.
Los indicios sobre quién o quiénes perpetraton su asesinato están documentados de manera suficiente en los videos que circularon ayer. Allí se aprecian los rostros de hombres vestidos con chalecos color caqui y la leyenda «Guardia del Guayabero».
A los congresistas que aún les queda un ápice de honor e hidalguía, el llamado a dejar la mermelada del petrismo y promover mociones de censura a los ministros de Defensa e Interior.
Es obvio que el presidente Petro está expidiendo patentes de corso a los violentos en su ingenuo imaginario de la Colombia Humana.
Esta es la resultante de un país con exceso de derechos, pero donde los ciudadanos no tienen deberes.
Se volvió consuetudinario en Colombia que la protesta social derive en actos de violencia exacerbada, donde siempre llevan del bulto los uniformados, quienes son enviados por sus superiores a la boca del lobo disfrazado de oveja, claro está en total estado de infefensión.
Para ellos todo el peso de la ley y la censura social si se equivocan, mientras el Estado y una parte de esta sociedad arropa a los bandidos y les extiende un aura de impunidad.
Al final del día, lo único claro que tenemos los colombianos honestos y trabajadores es que este gobierno progresista y del cambio (léase de izquierda) está socavando las bases morales de nuestra sociedad.
Apagar la fuerza luminosa de la vigencia del imperio de la ley es el camino más rápido hacia la anarquía y de ahí a hacer creer a la masa que el ungido es el falso mesías de la Casa de Nariño.
Be First to Comment